Parche fiscal

Intentar explicar la reforma del IRPF que ha aprobado el Gobierno desde una perspectiva económica es un ejercicio casi estéril. En una economía como la española de hoy, con un déficit público de más del 5%, con una deuda pública que ya alcanza el100% del PIB, con una tasa de paro del 25%, con un sistema fiscal lleno de lagunas y fraude y una estructura fiscal centrada en las rentas del trabajo y escasamente progresiva, no es precisamente una bajada de tipos del IRPF con una redefinición de las bases lo que realmente se necesita. 

Por eso, las explicaciones que dio el ministro Montoro en la presentación de la reforma fueron un despropósito. Decir que esta reforma se hace con el objetivo de mejorar el empleo es, sencillamente, desconocer los problemas de nuestro empleo. Que esta reforma tendrá efectos económicos positivos es evidente, porque toda bajada del IRPF aumenta la renta disponible de las familias y, si esta bajada se concentra en las rentas más bajas (como parece) y en las familias más numerosas, se produce un crecimiento del consumo en una proporción mayor que la propia bajada de los impuestos. Este aumento del consumo, aunque sea de unas décimas, tendrá como efecto una mejora en la creación de empleo, hará que la tasa de crecimiento del PIB se eleve hasta el 2% a finales del año que viene y mejorará la recaudación por IVA, lo que compensará en parte la caída de recaudación por la reforma y hará más regresivo el reparto de la carga fiscal. 

El problema no es si la reforma tiene o no efectos positivos sobre la coyuntura económica actual, sino si es conveniente esta inyección fiscal en este momento, si es esta la forma más eficiente de dejar de recaudar o gastar casi un punto del PIB (unos 10.000 millones de euros) a lo largo del 2015 y si esta es la reforma que había que hacer al IRPF. Y la respuesta a estas cuestiones es negativa porque, si bien puede ser el año que viene un buen momento para un cierto impulso fiscal, no es desde luego el IRPF el instrumento para hacerlo, como no es esta la reforma que necesita el IRPF. 

Para hacer un impulso fiscal en las circunstancias actuales, la vía más eficiente, porque tiene efectos directos sobre el paro, es un profundo recorte de las cotizaciones sociales. Al ser un impuesto indirecto que grava la contratación de trabajadores, mejoraría el nivel de empleo, reforzaría la estructura de nuestras empresas (que son las que crean empleo), aumentaría el nivel de consumo y bajaría el gasto público por ayudas familiares. No es el consumo de las familias lo que se ha ajustado más en esta crisis, sino la capacidad productiva de nuestra economía. 

Pero lo peor de esta decisión es que esta no es la reforma que necesita el IRPF, porque mientras no se toque realmente el sistema de módulos, se haga una verdadera fiscalidad de la familia y se resuelva la progresividad de los tipos, toda reforma del IRPF será un parche que no tapa el nivel de fraude en este impuesto, ni la injusticia de que sean las rentas salariales las que realmente lo soportan. No es, pues, esta la reforma que necesitaba este impuesto, ni es la que recomendaron los expertos en el "Informe Lagares". 

Las razones de este parche fiscal no son económicas, sino políticas. Y es que, a menos de un año del inicio del ciclo electoral, el Gobierno necesita hacer ver que cumple su programa electoral bajando tramposamente los impuestos, para ganarse a esos millones de votantes que se le han ido a la abstención. En realidad, este parche fiscal va a servir para articular una campaña electoral, no para mejorar nuestra economía. Parece que llegan tiempos en los que lo importante no es hacer lo que tiene que hacerse, sino lo que las encuestas dicen que ha de hacerse. 

Política monetaria, por fin

Eclipsadas por las noticias políticas de la abdicación de Don Juan Carlos y la cadena de dimisiones en el PSOE, las decisiones del Banco Central Europeo (BCE) del pasado 5 de junio, anunciadas por su presidente, Mario Draghi, solo han ocupado una minúscula fracción de la atención que merecían. 

Las decisiones tomadas por el BCE han sido varias y de calado. En primer lugar, el BCE ha reducido el tipo de interés general al que presta a la Banca del 0,25% al 0,15%, lo que supone una caída del 40% en el precio. En segundo lugar, ha decidido cobrar un tipo de interés del 0,1% por el dinero que la Banca deposite en el BCE, con lo que desincentiva el dinero ocioso. En tercer lugar, ha anunciado una emisión de liquidez de 400.000 millones de euros en septiembre y diciembre de este año, para dotar de dinero extra al Sistema con unas condiciones muy interesantes: se le va a conceder a la Banca con menores garantías (colaterales) que las que se venían usando hasta ahora; cada banco puede pedir, inicialmente, hasta el 7% del total de lo que tuviera prestado al sector privado (excluidos los préstamos hipotecarios para vivienda), y, a lo largo de la vida de esta línea de crédito hasta tres veces el saldo de crédito neto que tengan con el sector privado; no se puede usar esta financiación extra para hipotecas en vivienda y para la compra de deuda pública; y, finalmente, el tipo de interés de esta línea de financiación será el tipo de interés base del 0,15% con una garantía adicional de estabilidad en caso de que este tipo suba. Finalmente, el señor Draghi anunció la voluntad del BCE se seguir tomando medidas extraordinarias "tantas como sea necesario". 

Con estas medidas, prolijamente justificadas, el BCE está, además, diciendo tres cosas sobre la economía de la Eurozona. Primero, que no se esperan choques inflacionarios en el horizonte de los próximos tres años, lo que es compartido por la mayoría de los analistas, no solo por la debilidad de las tasas de crecimiento de la economía europea, sino por la mayor estabilidad en los mercados de materias primas. Segundo, que lo más preocupante en el momento actual, y el mayor peligro para la Eurozona, es la debilidad del crecimiento económico. Y, tercero, que esta política monetaria no puede alimentar una nueva burbuja inmobiliaria o ampliar la burbuja de deuda pública que estamos inflando. 

Los efectos de estas medidas se han notado desde el mismo momento en el que se anunciaron. Las bolsas europeas han escalado niveles de hace cuatro años y la prima de riesgo ha bajado hasta niveles del 2010. Sin embargo, estas medidas no tendrán efecto sobre la economía real hasta dentro de unos meses, si es que lo tienen. Porque el problema, ahora que el BCE se ha atrevido a hacer lo que previamente han hecho los Bancos Centrales de Estados Unidos, Japón o Inglaterra, no es ya la política monetaria, cuanto la falta de expectativas en las economías con bajo crecimiento. Es decir, de nada servirán estas medidas para España si las familias y empresas españolas no piden préstamos para aumentar su consumo o invertir. Y esto no ocurrirá mientras no empecemos a confiar en la posible recuperación, se tomen medidas de política fiscal que mejoren la renta de las familias o de las empresas y se profundicen las reformas estructurales para favorecer la competitividad de las empresas. Como de nada servirán estas medidas si los bancos españoles, más allá de la retórica de sus dirigentes, no empiezan a creer en la posibilidad de la recuperación y dan crédito a las familias y a las empresas. 

Draghi, aunque tarde, por razones de política interna del BCE, ha tomado las decisiones correctas. Ahora lo que falta es que los Gobiernos de la Eurozona, empezando por el nuestro, acierten con las suyas. Y que los bancos se despierten. 

Reindustrializar

Una de las partes de la política económica más olvidadas en los últimos años son las políticas sectoriales. En realidad, desde finales de los ochenta, los sucesivos gobiernos no han tenido documentos de orientaciones sobre las políticas sectoriales que les permitieran saber qué hacer con muchos sectores. 

Así, la política agraria española ha sido, desde 1986, una mera adaptación a la política agraria europea, sin que el Ministerio haya tenido mucho más que hacer que trasponer directivas comunitarias y luchar por el reparto de las subvenciones. Por su parte, la política energética ha estado normalmente controlada por el oligopolio de las grandes compañías eléctricas dando como resultado una de las tarifas eléctricas más altas de Europa y uno de los sistemas más caóticos del mundo industrializado. El sector turístico no ha resultado más ordenado, pues la cesión de las competencias a las comunidades autónomas ha tenido como consecuencia una competencia por el turismo de sol y playa, que, además de producir parte del boom inmobiliario, ha derivado en no pocos de los desmanes que se han cometido en la costa española en la última década. Del sector de la construcción, mejor casi no hablamos, mientras que el sector industrial ha sido el gran olvidado. 

Y es que desde que se enunciara aquella idea de que "no hay mejor política industrial que la que no existe" a finales de los ochenta, los sucesivos gobiernos han sido completamente insensibles a la necesidad de contar con un fuerte sector industrial. Un fuerte sector industrial que es el verdadero motor de cualquier economía moderna. Y ello porque es el sector con más alta productividad media, es el que mejor integra la cadena de valor, es el que más conocimiento incorpora, la principal fuente de innovación en una economía y, finalmente, porque suele generar puestos de trabajo más estables y de mejor nivel salarial medio que el resto de los sectores. Frente a la agricultura, el turismo o el comercio, el sector industrial presenta una serie de ventajas que lo hacen imprescindible para una economía del tamaño de la economía española. 

Hacer una política industrial clásica, consistente en favorecer la instalación de empresas industriales en un determinado territorio (como hizo el País Vasco o Cataluña en los noventa), no es posible en el marco de la Unión Europea. Sin embargo, sí se puede hacer política industrial a partir de distintos instrumentos de política macroeconómica y sectorial. Para empezar, el Gobierno debería considerar seriamente una reducción significativa de las cotizaciones sociales, no solo para reactivar el sector industrial, una parte importante de nuestra industria desapareció en los ochenta y noventa por la deslocalización industrial debido al crecimiento de nuestros costes laborales, sino el conjunto de empleo. Por otra parte, dado que toda industria tiene su fundamento en algún invento ("patente"), bien de productos, bien de procesos, la inversión en I+D y en trabajadores de alta cualificación ha de incentivarse, ya sea con una modificación del Impuesto de Sociedades, ya sea con una ley de mecenazgo que favorezca la investigación, la Formación Profesional y las Universidades. Más aún, mucho puede hacer el Gobierno por la industria si resuelve de una vez por todas el lío energético, pues uno de los principales costes de la industria es precisamente la factura eléctrica. 

Finalmente, un sector industrial moderno ha de tener empresas en todos sus subsectores (agroalimentario, metálico, eléctrico, transporte, etcétera), industrias basadas en cada una de las oleadas de innovación que, desde la Revolución Industrial, se han sucedido. 

Pero no puede vivir solo de éstas, sino que ha de generar oportunidades para la creación y el desarrollo de empresas en sectores de futuro, tales como la robótica, las energías alternativas, las medioambientales, las biotecnológicas, las de materiales o las de ingeniería médica. 

Mucha, demasiada industria, hemos perdido en los pasados años y de ello nacen algunos de nuestros males. Quizás sea el tiempo de empezar una nueva fase de reindustrialización. 

In memoriam Gary Becker

El pasado 5 de mayo murió en Chicago Gary Becker. Supongo que para una inmensa mayoría de la ciudadanía, un perfecto desconocido. Incluso entre muchas generaciones de economistas, especialmente en Europa, tampoco era muy conocido. Y, sin embargo, para todos los que nos dedicamos a la economía ha sido un autor fundamental, cuyas ideas, aunque la inmensa mayoría no sepa que son fruto de la fértil mente de Becker, son el sustrato de no pocos de los campos más vanguardistas de la economía moderna. 

Becker inició su carrera profesoral dando clase en Columbia, al tiempo que colaboraba con el National Bureau of Economic Research, hasta que a finales de los sesenta volvió a su alma mater, la Universidad de Chicago, en la que ha estado enseñando hasta prácticamente su muerte. Enseñó economía para todos los niveles y estuvo tutorando tesis doctorales hasta muy recientemente. Incluso a sus 83 años mantenía un blog, con Richard Posner, en el que escribía sus últimas propuestas. En 1992 ganó el Nobel de Economía por sus aportaciones a la economía y su aplicación de instrumentos analíticos a multitud de situaciones sociales. Pero eso es una forma muy pobre de decir que Becker fue uno de los padres de infinidad de ramas de la economía, y el pionero en aplicar el análisis económico, basado en el principio de la racionalidad del comportamiento, a un amplio conjunto de situaciones sociales. En economía laboral fue el primero en analizar la discriminación en los mercados de trabajo, elaboró con Lewis los primeros modelos cuantitativos de flujos migratorios, analizó con Jacob Micer la dispersión de salarios y, a partir de las ideas de Shultz, elaboró la primera teoría completa del "capital humano", lo que daría lugar a una rama de la economía como es la economía de la educación, mientras que con su teoría de la distribución del tiempo sentaba nuevas bases para el análisis del trabajo. Con Stigler (también premio Nobel) desarrolló modelos de análisis político para comprender los lobbies y los sistemas de subvenciones. Con Aaron Director y Richard Posner analizó los mecanismos de la regulación y de la corrupción y desarrolló los primeros modelos de la economía del "crimen" y de los comportamientos "delincuentes". Elaboró la teoría económica de la familia y del comportamiento familiar, explicando por qué, por ejemplo, en los países desarrollados las familias tienen menos hijos que en los pobres, por qué la gente se casa con personas de su misma clase o cómo enfrentarse a un niño mal criado. Desde un análisis del suicidio, hasta por qué vamos a determinados restaurantes o qué entendemos por felicidad (rama ahora de moda), nada escapó a la feraz mente de Becker. Más que un economista matemático y cuantitativista, Becker fue un pensador fértil y creativo, con ideas que apuntaba y argumentaba con una especial capacidad lógica y un inmenso rigor. 

Conocí a Becker en Madrid en 1993, recién concedido el Nobel, y ese mismo año, invitado por la Diputación de Córdoba en el marco de los "Encuentros de Cultura Económica" (magnífica idea de Antonio Hurtado), vino a Córdoba. Gracias a él pudimos traer después a otros premios Nobel, como J. Buchanan, y pensadores como Galbraith, Olson o de Grauwe. Tuve la suerte de compartir con él los tres días que estuvo en Córdoba y establecer una relación personal que ha continuado hasta su muerte. Becker leyó y me aconsejó en mi tesis doctoral, me permitió editar en Cambridge sus trabajos, me ayudó a coordinar un libro y discutió mi investigación. 

Con Gary Becker los economistas hemos perdido a uno de los mejores de los últimos 50 años, Chicago a un fantástico profesor que "regalaba ideas", su familia y amigos a una magnífica persona que siempre se acordaba de felicitar por Navidad, y yo a un buen colega que, a pesar de ser quien era, nunca dejó de responder ningún correo electrónico y de debatir conmigo. Thank you very much, Professor Becker.

Desigualdad y crisis

Llevo años diciendo que, para que un análisis económico esté completo, es necesario incluir medidas que reflejen cómo evoluciona la distribución de la renta. Porque no se trata sólo de saber cómo y cuánto crece o decrece el PIB, sino también de para quién crece o decrece. Con medidas de distribución, que son también de desigualdad, sabríamos si una economía se va haciendo más o menos igualitaria en el tiempo, algo que es social, política y económicamente relevante. 

La desigualdad en la renta personal, la que realmente importa, en la economía española venía aumentado desde finales de los noventa, había mejorado mucho en el boom de principios de siglo y ha vuelto a empeorar gravemente con la crisis. 

La razón principal de este empeoramiento de la desigualdad en nuestro país está en el mercado de trabajo. Porque es el mercado de trabajo el primer distribuidor de renta y la primera fuente de desigualdad a través de dos mecanismos: la tasa de paro/ocupación y la distribución de salarios. La subida del paro, desde ese lejano 10% de 2007 hasta el casi 26% de este último trimestre, ha hecho descender drásticamente la renta de 3,7 millones de personas frente a los que mantienen su puesto de trabajo. Más aún, la persistencia de este paro por más de dos años ha hecho que más de 2 millones de personas hayan pasado de un salario más o menos digno a una "prestación por desempleo", para llegar a una mermada "ayuda familiar". Hay un millón incluso que, tras recorrer ese camino, han perdido toda ayuda pública y viven de sus escasos ahorros, de la ayuda de su familia y de las instituciones sociales. Por otro lado, las rentas salariales se están distribuyendo más desigualitariamente pues, mientras se mantienen relativamente estables los salarios de los trabajadores de alta cualificación, bajan los de los funcionarios (más a mayor cualificación) y, muy especialmente, los de los trabajadores sin cualificar del sector privado. La brecha entre los salarios más altos y los más bajos, el rango salarial, tanto antes como después de impuestos, ha aumentado significativamente, lo que profundiza la desigualdad en nuestra economía. 

La segunda razón por la que ha aumentado la desigualdad en la crisis está en la desaparición de casi 1,2 millones de empresas, lo que ha evaporado la riqueza de muchas familias y, con ella, la posibilidad de generar renta. La desaparición de millares de pequeñas empresas del sector de la construcción, inmobiliaria o industria auxiliar (ladrillos, puertas, fontanería, muebles, etc.) está siendo otra fuente clave de crecimiento de la desigualdad, pues depaupera a una pequeña burguesía emprendedora que sostenía una parte importante de nuestra economía. 

Finalmente, la crítica situación de las cuentas públicas, además de empeorar significativamente la distribución, por el deterioro del salario de los funcionarios y el recorte de subvenciones en muchos sectores, está impidiendo el cumplimiento de la función de redistribución que, en las economías avanzadas, tienen tanto el gasto público como la estructura de impuestos. 

Y es que, además de los problemas distributivos del gasto, las decisiones de nuestro Gobierno sobre impuestos, lejos de mejorar la distribución, la están empeorando al hacer un especial hincapié sobre la imposición indirecta. 

Si distribuyéramos las causas anteriores territorialmente veríamos por qué, en paralelo a una peor distribución personal de la renta, se está produciendo una mayor brecha entre territorios, pues aquellas comunidades, como Andalucía, con mayor tasa de paro, más porcentaje de funcionarios y de trabajadores de baja cualificación en el sector privado, y menos industria han visto caer más su renta que aquellas, como el País Vasco, que tienen menos paro, más sector privado, más obreros cualificados y más industria. 

El aumento de la desigualdad en la distribución de la renta personal es uno de los efectos más graves de la crisis. Haríamos bien en ir prestándole atención, más allá de debates estériles, pues será una de las heridas de la crisis que más tardaremos en cicatrizar. 

Tres problemas europeos

No nos damos cuenta, pero la economía europea, la de los 28 países que integran la Unión Europea, es la segunda economía más grande del mundo. Es algo menos del 20% del PIB mundial, algo más pequeña que la norteamericana y mucho más grande que la economía china. Más aún, la economía europea tiene intercambios exteriores que suponen casi un 30% del total de comercio mundial. Y por estas dos variables, cuando la economía europea tiene problemas, la economía mundial tiene problemas, porque su crecimiento pesa mucho en el crecimiento mundial y porque de su crecimiento dependen economías productoras de materias primas como Rusia, Oriente Próximo, África o, en parte, Latinoamérica. De ahí que las principales instituciones económicas mundiales reclamen, cada vez con mayor intensidad, no sólo más Europa, sino mejor Europa, es decir, no sólo que se refuerce la Unión, sino que las políticas sean cada vez más europeas. 

Europa tiene varios problemas económicos graves de los que su lento crecimiento en los últimos años y el lento crecimiento previsible en los próximos años es sólo una manifestación. Creo que hay tres problemas económicos de fondo de los que los europeos debiéramos ser conscientes: la debilidad institucional, que impide tomar decisiones de dimensión europea y se agrava por la ausencia de liderazgos europeístas; el modelo de crecimiento, que está agotado; y los graves desequilibrios. 

Europa no puede hacer buenas políticas económicas mientras no superemos el diseño intergubernamental y lo sustituyamos por una verdadera unión política federal (¡qué oportunidad perdimos con la Constitución europea!) en la que un gobierno europeo tenga opciones de hacer políticas económicas para el conjunto de la Unión. Mientras creamos que Europa es un juego de suma cero en el que cada uno va a defender sus intereses y nadie defiende los intereses del conjunto no construiremos realmente Europa porque no haremos políticas europeas. Como no las hacemos, y en esto se equivoca Alemania, fijando reglas rígidas iguales para todos, pues nuestras economías no son iguales y es bueno que no lo sean. 

Europa no puede hacer buenas políticas económicas porque su modelo de crecimiento, basado en un permanente proceso de ampliación ha llegado a su límite. Una parte importante del crecimiento europeo de los últimos años se ha basado en los procesos de ampliación porque una ampliación suponía un crecimiento del consumo y de la inversión para los países que se adherían (normalmente, más pobres), al tiempo que suponía un crecimiento de las exportaciones de los países más ricos, con lo que todos crecían por el crecimiento del mercado y las economías de escala. Europa, tras la ampliación hacia el Este, ya no tiene economías interesantes a las que ampliarse, máxime cuando realmente no quiere la integración de Turquía y está claro que no puede ir más allá en Ucrania por la violenta oposición de Rusia. Europa ha de ir a un modelo de crecimiento integrado en el que realmente se construya una economía europea y unos mercados europeos o estará condenada a bajo crecimiento durante décadas. Se trata de superar el concepto de mercado único, por el que se consideró que dos mercados sin aranceles ya constituían un mercado único, para sustituirlo por un concepto más moderno por el que cualquier empresa europea es también "nuestra". 

Finalmente, Europa no hará buenas políticas económicas mientras no sea capaz de enfrentar los graves desequilibrios de fundamentos económicos y financieros que la crisis ha agravado. Pero, curiosamente, para eso se necesitaría resolver los dos problemas anteriores. 

A poco más de un mes de las elecciones europeas, creo que sería bueno que empezáramos a hablar de Europa, porque esta vez, de las personas que escojamos, va a depender el que se aborden o no los problemas reales de Europa, de los que depende, no sólo nuestra salida de la crisis, sino una parte importante de la economía mundial. Por eso, no ir a votar en las europeas no debiera de ser una opción. 

¿Deflación? No, gracias

Dentro del conjunto de variables que describen el funcionamiento de una economía hay unas un tanto especiales que llamamos equilibrios. Estas variables son, fundamentalmente, cuatro: las variaciones de los indicadores de precios, la tasa de paro, el saldo presupuestario y la posición financiera de las administraciones públicas. La particularidad de estas variables, frente a las de actividad (PIB, saldo exterior, etc.), es que decimos que van bien cuando sus valores están cercanos a cero. 

Así, lo ideal es que las variaciones de los precios estén entre el -1 y el +2, porque eso supondría que son estables en el tiempo; como lo ideal sería que la tasa de paro fuera cero, porque supondría que todo el mundo trabaja; como lo ideal es que el saldo presupuestario y la posición financiera fueran cercanas al cero, porque eso supondría que los impuestos son suficientes para cubrir los gastos públicos. Una economía tiene problemas cuando estas variables se alejan mucho del cero. 

En el frente de los precios, lo ideal es que los precios no suban más de un 1,5 o 2% anualmente y, desde luego, que no bajen de un 1%. Si los precios suben más del 2% decimos que tenemos inflación, y eso es malo porque la inflación distribuye renta entre aquellos sectores que pueden repercutirla (monopolios, sectores protegidos) y aquellos que no (trabajadores, pensionistas, etc.), y porque, en comparación internacional, todo diferencial de inflación lleva a pérdida de competitividad y a paro. Las grandes inflaciones latinoamericanas de los ochenta son una de las causas de las desigualdades en estos países, como parte de nuestro paro actual se debe al diferencial de inflación que tuvimos frente a nuestros competidores en el periodo del boom económico. La inflación es una enfermedad relativamente corriente, pero hoy, con los niveles de globalización y los instrumentos monetarios de los que dispone cualquier banco central, no es difícil de mantenerla controlada. En este siglo XXI, por ejemplo, ningún país desarrollado ha vivido inflaciones superiores al 6%, como no ha habido, en todo el mundo y en este siglo, nada más que siete economías que hayan tenido inflaciones superiores al 15%, entre ellas Venezuela y Argentina actualmente. 

La deflación, por el contrario, o sea, la caída generalizada de los precios de los bienes y servicios, es, frente a lo que pudiera parecer, una enfermedad grave, rara y peligrosa: grave, porque una caída de los precios lleva a una pérdida de ingresos de las empresas, lo que supondría una caída de su actividad y pérdida de puestos de trabajo; rara, porque en todo el siglo XX solo la vivieron las economías desarrolladas al inicio de la década de los treinta y fue lo que provocó la Gran Depresión; y Japón en los primeros noventa y le llevó a su largo estancamiento; y, finalmente, peligrosa, porque en economías abiertas no es posible atajarla con medidas estándar y lleva a una pérdida de confianza que suele tardar en curarse. 

Una inflación se cura con tipos de interés altos, que reducen el flujo monetario, y control de costes mediante flexibilidad en el mercado de trabajo, competencia en los de bienes y servicios, apertura exterior y desregulaciones. Una deflación, aunque es el fenómeno contrario, no se cura con las medidas inversas porque los tipos de interés no pueden ser negativos (¿alguien prestaría para recibir menos dinero en el futuro?), es absurdo solidificar los mercados e imposible cerrar las economías. Una deflación solo tiene una cura y es una "inyección directa" de dinero en la economía. 

Por eso, hace bien el Banco Central Europeo es estar "unánimemente preparado" (es decir, Alemania no se opone) para tomar medidas "no convencionales" (o sea, a darle a la máquina del dinero) si la economía europea entrara en peligro de deflación. Y hace bien porque una deflación sí que haría de esta crisis una crisis europea y no solo de los países del Sur. 

7 de abril de 2014