En los mundos de yupi

El viernes se publicó el programa económico de Podemos, titulado "Un proyecto económico para la gente" y elaborado por Juan Torres y Vicenç Navarro. He leído con atención las 68 páginas del texto (el meollo está en las 41 centrales) y tendría mucho que escribir sobre él, pero no creo que merezca más de las 600 palabras que siguen. 

El programa económico de Podemos es, en pocas palabras, un documento mal redactado (faltan muchas comas), orientado ideológicamente en una dirección (por lo que serviría lo mismo para casi cualquier país y en cualquier tiempo), falto de análisis económico y político y con propuestas fuera de la realidad. 

El documento está, desde el principio, claramente orientado a proponer una vieja idea marxista: la de la prioridad de la política, de la acción del Estado, sobre la vida de las personas, especialmente la económica, de tal forma que la realidad económica esté conformada por el Estado y las decisiones políticas emanadas de él, y no por las decisiones libremente tomadas por las personas en ese espacio que llamamos mercado. Un presupuesto respetable sobre el que no voy a entrar ni filosófica, ni políticamente, pero que ignora, por ejemplo, que, aunque imperfecto (y por eso hay que regularlo bien), el mercado es el mecanismo más eficiente de asignación de recursos y generación de renta que conocemos, como lo demuestra la experiencia histórica de los dos últimos siglos, el fracaso de las economías del Este o las de las economías excesivamente intervenidas. No creo que las economías de Rusia, Cuba o Venezuela sean los modelos a seguir, por mucho que las disfracemos de cambios "a la escandinava". 

Esta orientación ideológica nubla, desde el principio, el diagnóstico de los problemas de nuestra economía, como lo demuestra el que se fije como ¡única! "prioridad" de la política económica (páginas 10 y 35-36) el "frenar el deterioro del bienestar de la ciudadanía y mejorar su calidad de vida, poner fin al destrozo de las infraestructuras sociales y económicas que se vienen produciendo en los últimos años y lograr que cambie de tendencia la marcha de la economía". O sea, el problema de la economía española no es realmente el paro (que afecta a casi 6 millones de españoles), sino una cosa tan etérea como lo que se dice en la frase. Es curioso, pero el "paro", que es, en mi opinión y en la del 90% de los españoles, el gran problema de la economía española, solo se cita 11 veces y ni siquiera se considera un objetivo estratégico en la propuesta. 

De un diagnóstico erróneo, un pésimo tratamiento. Las soluciones que proponen desafían las más elementales leyes económicas, como cuando se escribe (págs. 12 y 46) "5.2.1. Aumentar el gasto privado y público en nuevas formas de consumo sin promover consumismo y abriendo nuevos yacimientos de inversión sostenible" (lo que no significa nada), o cuando se habla de "reestructurar y aliviar la deuda familiar" (págs. 16 y 58) sin decir las consecuencias. O las de organización empresarial, como cuando se promueve la cogestión (págs.16 y 54) como solución empresarial más eficiente. O las de la lógica económica, cuando se propone (pág. 42) el "principio (constitucional) que consagre el crédito y la financiación a la economía como un servicio público esencial". Incluso, las del Estado de Derecho y el Derecho Internacional porque, con lo propuesto, habría que hacer una Constitución nueva y renegociar tantos tratados, que, mientras tanto, ya nos habríamos hundido definitivamente. 

El programa económico de Podemos es poco más que una suma de tuits con ideas que ya decía Izquierda Unida hace 30 años. Lo que me lleva a que, puestos a elegir, prefiero a los comunistas ya que, al menos, no cambian de discurso cada seis meses. Me temo que, con casi 6 millones de parados, no estén los tiempos para becarios, aunque se disfracen de catedráticos, que viven en los mundos de Yupi. 

1 de diciembre de 2014

Fracturas

Andamos los españoles tan enfadados estos días, que me temo que no nos estamos dando cuenta de las dinámicas sociales que laten en nuestra situación y que, de no atajarlas, nos pueden llevar a una espiral peligrosa que haga saltar por los aires, no sólo nuestro sistema político y nuestra economía, sino nuestra convivencia. 

La primera dinámica peligrosa es la de la desigualdad social. En España, tras seis años de crisis, la distancia entre las capas sociales se está haciendo más amplia, revirtiéndose así una tendencia que empezó con la democracia. La capa social más rica no ha sufrido la crisis, mientras que las capas sociales más pobres la han sufrido de lleno. El paro se ha cebado especialmente entre las personas sin cualificación o con cualificación baja, mientras que en los niveles intermedios de cualificación, si bien el paro es menor, la deflación salarial ha sido muy importante. Paro y deflación salarial, junto con recortes en gasto social y sanitario, son las principales causas de un aumento significativo de la desigualdad social en España. Hoy hay más pobres reales que hace seis años, como hay menos clase media que antes de la crisis. La sociedad española se está fracturando socialmente y la clase media se está resquebrajando. Esto supone, no sólo una menor posibilidad de ascenso social, dinámicas de mantenimiento de la pobreza y aumento de la marginalidad y el conflicto, sino un menor crecimiento económico, y, desde luego, una pérdida de participación y aumento de la radicalización política que ya estamos notando. 

A esta primera dinámica hay que sumar la de las divisiones territoriales que, alimentadas por un nacionalismo irracional y cimentadas en una arquitectura institucional defectuosa, separarán nuestra sociedad en miniestados irrelevantes. Más aún, perdido el horizonte de la creación de los Estados Unidos de Europa, cada una de las partes en que vamos a dividir España competirá con las otras, ahondando las fracturas entre nosotros. En el siglo de la globalización, los españoles, que pensamos que habíamos resuelto el problema de la unidad de nuestra diversidad con el Estado de las Autonomías, conjurado el rancio nacionalismo español con un patriotismo constitucional moderno y proyectado nuestro futuro siendo parte de la construcción europea, estamos al borde de descomponer un estado que, bien que mal, ha funcionado durante los últimos tres siglos. 

La tercera dinámica peligrosa para nuestra convivencia es la fractura cada vez mayor entre los políticos y la sociedad. La corrupción ha generado ya una fractura entre nuestra clase política y la ciudadanía que hace que los políticos que están hoy en los cargos hayan casi perdido la legitimidad para gobernarnos, la credibilidad para plantear propuestas y la capacidad para gestionar. No es ya que no nos fiemos de ellos, es que pronto no reconoceremos su autoridad porque estamos perdiendo el respeto hacia ellos y lo que representan. La ciudadanía está empezando a no esperar nada de los políticos y a vivir de espaldas a ellos. Y lo peor es que está empezando a vivir al margen de las instituciones. 

La economía española es ya hoy diferente de la que teníamos antes de la crisis. La sociedad española está cambiando por el impacto de la misma crisis en la clase media, la evolución demográfica, los nuevos flujos migratorios y la cultura tecnológica. La política española está empezando a resquebrajarse por el separatismo y la corrupción. Dentro de un par de años la sociedad española será diferente. Lo que me preocupa es que, al tiempo que distinta, esté más alejada que hoy de la sociedad que quisimos construir cuando escribimos en el artículo primero de nuestra Constitución que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". O sea, que no sea España, que no sea un Estado social ni democrático de Derecho y que seamos menos libres, menos iguales y menos plurales. 

17 de noviembre de 2014 

Oscuro horizonte

El problema de la corrupción que estamos conociendo es, en mi opinión, tan importante que oscurece hechos económicos favorables como el dato de PIB que se publicó la semana pasada. Más aún, creo que el problema de la corrupción es, hoy, el problema más grave que tienen la sociedad y la economía española porque, además de ser un hecho reprobable en sí mismo, puede tener consecuencias devastadoras para la consolidación de la salida de la crisis y nuestra convivencia. 

Hasta el pasado ciclo electoral, que culminó con las elecciones generales del 2011, la inmensa mayoría de la población sabía que había corrupción en la política española. Un cierto grado de corrupción que no afectaba a la orientación del voto, ni a la estabilidad del sistema. Una parte del electorado, el más ingenuo, pensaba que la corrupción eran "casos aislados" de personas que abusaban de los cargos, y que, por tanto, no había que generalizar, ni tomarla muy en cuenta a la hora de votar. Otra parte del electorado, más cínica, pensaba que "todos son iguales" por lo que votaban sin tener en cuenta la corrupción porque la consideraban inherente a la función pública. La técnica del "y tú más" que han seguido los partidos nos anestesiaron contra la corrupción, por lo que los españoles han votado mayoritariamente por razones ideológicas de fondo y no por programas, candidatos o campañas: una persona que se definiera "de izquierdas" (con más o menos fundamento) iba a votar al PSOE o a IU, de la misma forma que una que se definiera "de derechas" iba a votar al PP. Las elecciones del 2011, tras el desastre Zapatero, rompieron esta dinámica, pues los votantes de izquierda abandonaron al PSOE y se refugiaron en la abstención y en otros partidos, incluso, en el mismo PP. Esa marejada en la izquierda tiene como corolario, el nacimiento de Podemos. 

La corrupción en el PP y la inacción de la que da muestras el presidente Rajoy podrían ser, en mi opinión, el equivalente en el PP al "desastre Zapatero" en el próximo ciclo electoral. La corrupción va a pesar en las elecciones mucho más que la "salida de la crisis", porque es portada diaria de los medios, porque veremos nuevas tramas en los próximos meses, porque la mayoría de la población está harta y porque la "recuperación" ya nos la han vendido tras los años de ajuste. El presidente Rajoy parece olvidar que Aznar ganó las elecciones de 1995 por el desgaste del gobierno González por los casos de corrupción y financiación ilegal del PSOE (casos Juan Guerra, Filesa, etcétera), y que uno de los protagonistas y referentes de esa época, Rodrigo Rato, está hoy encausado. Muchos votantes del PP, antes tan ufanos de la honradez de sus dirigentes, están hoy sin referentes y, salvo que el PP active una campaña de "miedo a la izquierda", estos votantes pasarán a la abstención o incluso a Podemos. Como pasarán a otras opciones muchos de los votantes de centro que los apoyaron en las pasadas elecciones. 

Con el electorado de izquierda oscilando entre el viejo PSOE, la compleja Izquierda Unida, la estancada UPyD y el emergente Podemos, y el de derecha oscilando entre la abstención y el discurso sin credibilidad del PP (además de sus errores como el ébola o las leyes Wert, etcétera), las elecciones del 2015 son un inmenso agujero negro al que se encamina el PP y, con él, lo poco que quedaba de nuestra estabilidad política. Una estabilidad política que ha sido clave para enfocar la salida de la crisis y que se va a desperdiciar por la inacción de Rajoy. 

Si en los próximos meses Rajoy no toma medidas contundentes contra la corrupción, su inacción nos meterá de lleno en una crisis política, como la inacción de Zapatero agravó la crisis económica. Rajoy puede ser el Zapatero del PP. Y la réplica a Podemos en la derecha me da tanto miedo... 

3 de noviembre de 2014 

Revolución

Hasta la semana pasada, hasta el caso de las tarjetas de Caja Madrid, me he resistido a pensar que la corrupción en España era un hecho generalizado. No sé si esa resistencia era porque no quería reconocer mi propia ignorancia, o porque soy un ingenuo, o por ambas causas. El hecho es que visto lo ocurrido en Caja Madrid se me ha caído la venda de los ojos. Me ha bastado con hacer una simple lista de casos de corrupción de los que me acordaba, y ordenarlos, para ver meridianamente claro. Tenemos corrupción en los ayuntamientos (Marbella, Estepona, Pozuelo, Alcorcón, Alicante, Santiago, Vigo); en las Diputaciones (Castellón, Pontevedra, Orense); en las Comunidades Autónomas (Noos en las Baleares, EREs en Andalucía, Cursos en Madrid, el 3% de Pujol en Cataluña, el caso Gürtel en Valencia); en el Gobierno central (subvenciones al carbón, por ejemplo); en los partidos políticos (Caso Gürtel, Caso Liceu), en los sindicatos y las organizaciones empresariales, en las cajas de ahorro, etc. Una lista que continuará porque a Caja Madrid habrá que sumar Cataluña Caixa o CAM, y que se ampliaría si se investigaran las fusiones y que se auditara la administración paralela, porque, a estas alturas, ya no me creo que solo haya habido abusos en los gastos de representación en Caja Madrid. Y esto solo es corrupción por robo, que si sumamos el nepotismo a la hora de colocar gente en la administración (véase el increíble caso del Tribunal de Cuentas) no tenemos más remedio que concluir que todo o casi todo lo que tocan los políticos, y hay muy pocas y honrosas excepciones, lo han corrompido. 

La causa de tanta corrupción en España es, en mi opinión, la omnipresencia de la Administración pública, y de los partidos políticos que la ocupan, en la sociedad española. La Administración pública está presente en todo porque todo lo regula. Una vieja Administración pública que heredamos del Franquismo, pero que el Estado de las Autonomías ha replicado hasta hacerla casi infinita. Casi todo en España es Administración o depende de ella, incluso en aquellas actividades que no son propiamente políticas. Desde los medios de comunicación (que a los públicos habría que sumar los semipúblicos, por la mucha dependencia de la publicidad institucional que tienen), pasando por los deportes, la cultura, las actividades populares o las actividades sociales más nimias, hasta, por supuesto, la sanidad, la educación, la universidad... todo en España es Administración o depende de ella. Incluso sectores económicos enteros viven de las subvenciones. Y no es solo que la Administración española consuma casi el 40% de lo que producimos (la mayoría, hay que ser exactos, en gasto social y del estado del bienestar), es que tenemos una de las más altas ratios de empleo público sobre empleo total y, por supuesto, uno de los corpus jurídicos más amplios del mundo. 

Esta Administración omnipresente está, a su vez, ocupada por los partidos políticos. Unos partidos políticos que son máquinas electorales que se convierten en agencias de colocación en la administración. Nuestros partidos políticos son fuertes porque tienen la capacidad de ocupar a mucha gente y gobiernan la carrera de otros muchos. De hecho, la lealtad en los partidos se mantiene por las posibilidades de recompensa. Por eso, el adelgazamiento de la administración es imposible. Como lo es la es la separación de poderes porque los partidos lo controlan todo. 

Es en este contexto en el que ha florecido la corrupción. Para resolverla España necesita una revolución, pero lejos de necesitar la que predica Podemos, la revolución que necesitamos, desde hace ahora exactamente dos siglos, es una revolución liberal. Una revolución que limite la política. Una revolución liberal que nos haga ciudadanos y no súbditos dependientes. Una revolución liberal que nos quite las caenas. Una revolución imposible porque las cadenas que nos atan hoy al Estado son invisibles, la tendencia va por otro lado y, en España, los liberales siempre fuimos minoría. 

20 de noviembre de 2014 

Podemos

El fenómeno político más interesante en España en los últimos meses es, indudablemente, el crecimiento de Podemos. Un hecho que para muchos es algo original y que, sin embargo, es tan antiguo como muchas de las ideas que el movimiento promueve. 

Podemos es el resultado de la confluencia de las dos crisis que está viviendo nuestra sociedad. Sin una crisis económica como la que estamos viviendo y, sobre todo, sin una tasa de paro como la que tenemos, sin esos fenómenos dramáticos de desahucios, las colas ante los comedores sociales, el deterioro de las condiciones de los barrios marginales o las llamadas de auxilio de las oenegés, el fenómeno Podemos no tendría suelo en el que nacer. Pero siendo este el suelo, el agua que lo hace crecer es la crisis política. Sin esa percepción de corrupción generalizada que la ciudadanía tiene (y que se acrecienta cada día), sin el despilfarro, sin esas connivencias de los partidos con los corruptos, sin esa sensación de que "son todos iguales", Podemos no tendría capacidad de expansión. Podemos es, pues, la encarnación de estas dos crisis y, en especial, del fracaso de nuestra clase política en el tratamiento de las consecuencias más duras de la crisis y en su propia incapacidad para regenerarse, pues nadie les votaría si viviéramos en una economía de pleno empleo y en una democracia sin corrupción. 

El crecimiento vertiginoso de Podemos tiene, sin embargo, su oxígeno en una estrategia de márketing, basado en la televisión y en las redes, de una inmensa eficacia. Podemos podría haberse quedado en poco más que una continuación del movimiento 15-M, si no llega a ser por el aire que, permanentemente, le ha dado la Sexta y por su capacidad para manejar las redes sociales. 

Los partidos políticos tradicionales no saben qué hacer con Podemos, sencillamente, porque no lo entienden. Da la sensación de que el PP no considera a Podemos un problema porque creen que divide a la izquierda, y porque están convencidos de que puede ser un elemento para movilizar a parte de su electorado, ante el temor de una victoria de la "izquierda radical". La reacción del PSOE no ha sido tanto por el crecimiento de Podemos cuanto por sus problemas internos, pero hay cosas en las que lo están imitando (presencia en la televisión, telegenia de su líder, márketing digital, etc.), y, en cuanto a sus relaciones, no saben qué hacer: si acercarse, con lo que perderían el electorado de centro que tuvo alguna vez, o alejarse, dejando toda la izquierda para IU y Podemos. 

Para IU, Podemos es la competencia directa en su espacio ideológico, con la ventaja de Podemos de tener un márketing más moderno, contar con Pablo Iglesias, también muy telegénico (ante lo que ha reaccionado apostando por Alberto Garzón, otro galán) y no ser un partido clásico (aunque IU no se vea así). 

Podemos no es, pues, y salvo que se organice en partido, una parte estable del sistema político, sino una distorsión del mismo. Una distorsión que crece y puede llegar a ser un actor importante en la vida pública, en la medida en la que no se vayan conteniendo los efectos negativos de la crisis económica y no haya una verdadera regeneración en los partidos tradicionales. Y una influencia real de Podemos en nuestra política, más allá de provocar la reacción, puede ser muy peligrosa para todos (también para aquellos que ya están mal con el sistema actual), sencillamente, porque las propuestas económicas de Podemos no resisten más allá del primer choque con la realidad (y son tan añejas como el marxismo de finales del XXI), y sus propuestas de organización política son, sencillamente, inviables. 

Podemos es, en el fondo, una edición actualizada y simplificada de los viejos movimientos revolucionarios del siglo XIX. Un anacronismo que refleja la crisis profunda de nuestra sociedad y no es, desde luego, una solución a esa crisis, sino un peligro. Un profundo peligro. 

6 de octubre 2014 

Crear un estado

Los Estados, esos "monopolios de violencia" que definía Max Weber, han tenido, a lo largo de la historia, dos orígenes principales. La mayoría ha sido fruto de la fuerza de un grupo que llegaba a dominar a la población de un territorio. Otros, los menos, han nacido del acuerdo, más o menos conflictivo, de los ciudadanos en un pacto social al estilo del descrito por Locke. En cualquier caso, y Hobbes es cita obligada, el Estado es un invento humano que sustituye el caos por el orden y, en el caso de las democracias, lejos de coartar la libertad, la garantiza y la favorece. 

El Estado, como demostraría el Nobel Douglas North, es un invento eficiente para el crecimiento económico y el bienestar. Vivir en el seno de un Estado estable beneficia a la ciudadanía. Y le beneficia más cuando más democrático sea, entendiendo por democracia no solo poder ejercer el derecho de voto y los derechos liberales clásicos (opinión, reunión, etc.), sino los sociales más modernos y, por supuesto, el imperio de la ley y la igualdad ante ella. La evidencia empírica de lo que digo es abrumadora: una parte importante de los países pobres tienen graves problemas de configuración del Estado. 

Crear o no un Estado no debiera ser, pues, un tema de sentimientos, sino de utilidad, de pura racionalidad. Como no debiera ser un tema de sentimientos el tamaño de un Estado. ¿Cuál es el tamaño ideal del Estado? La respuesta no es fácil ni evidente, como argumentaron Alesina y Spolaore en el 2003. Desde un punto de vista estrictamente político, es decir, de configuración de un espacio de monopolio de violencia, el tamaño óptimo sería el Estado Mundial, aquel en el que no hubiera fronteras, porque no habría necesidad de ejércitos, sería exigible una legislación básica de derechos generales, libertad de movilidad absoluta de personas, bienes y servicios, una moneda única, coordinación fiscal (no paraísos fiscales), etc. La mera posibilidad de abordar problemas globales (como el cambio climático o los paraísos fiscales) y el ahorro de costes reales y de transacción serían las principales ventajas. Los inconvenientes vendrían dados por la dificultad de formular una política universal y por los peligros de concentración de poder. De cualquier forma, el argumento básico es que si el tamaño óptimo es el Mundial un estado, cuanto más grande, será más eficiente. Por otra parte, en el mundo globalizado, un estado pequeño corre muchos más riesgos de inestabilidad que un estado grande, por meras razones de tamaño relativo, frente a las grandes multinacionales, frente a los movimientos terroristas internacionales o frente a otros estados. Como es más eficiente un estado grande que uno pequeño a la hora de abordar crisis como las que estamos viviendo. De hecho, si Europa hubiera sido un Estado, y no un protoestado como es, seguramente hubiera salido ya de la crisis, como lo ha hecho Estados Unidos. 

Por las razones anteriores, constituir miniestados en pleno siglo XXI y a partir de Estados ya integrados y democráticos me parece una "boutade" irracional. Máxime si la razón de fondo es una "identidad" porque con ello lo que se está diciendo, además, que no se cree en la democracia, ya que en una democracia debieran poder coexistir distintas tantas identidades como personas componen la ciudadanía. Por eso, el nacionalismo identitario es, per se, antidemocrático, como argumentó, por ejemplo, Habermas. 

Y si me parece una boutade romántica la razón identitaria para crear un Estado, me parece un ejercicio de seudo-democracia el que esa creación se haga a partir de un referéndum en una de las partes. Creo que el de Escocia, lejos de ser un ejemplo democrático, ha sido un ejemplo de estupidez oportunista del señor Cameron, porque, en democracia, en un asunto que atañe al conjunto, y la separación afecta a todos, lo democrático hubiera sido votar todos. Por cierto, ¿alguien sabe la opinión de los ingleses? Igual nos hubieran sorprendido. 

22 de septiembre de 2014 

La exhausta economía europea

El pasado jueves, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), anunció la bajada de los tipos de interés al que le presta a la banca al 0,05% y la disminución del tipo de interés de los depósitos al -0,2%. Al mismo tiempo, anunció que para la reunión del próximo día 17 se activaría el fondo de 400.000 millones aprobado en junio para el crédito al sector privado, y que, en la del 2 de octubre, se empezarían las compras de activos referenciados a acciones y bonos europeos. Las consecuencias a corto plazo de estas medidas no se hicieron esperar y, el mismo jueves, las bolsas europeas alcanzaron máximos, las primas de riesgo de los países cayeron (la de España a 111) y euro se depreció respecto al dólar un 1,6%. 

Con estas medidas el BCE está diciendo que no hay en el horizonte tensiones inflacionistas y que lo que realmente le preocupa es que la política monetaria no termina de funcionar, porque los bancos no dan créditos, lo que es una causa más del estancamiento de nuestras economías y de la persistencia de la tasa de paro. Y es que la bajísima tasa de crecimiento de la economía europea es el problema más grave que tenemos planteado, con su correlativa alta tasa de paro. 

¿Por qué no crece la economía europea? ¿Por qué no crece si tenemos una política monetaria muy expansiva en tipos de interés? ¿Por qué no crece la economía europea si tenemos políticas fiscales, a pesar de la retórica de recortes, con déficits públicos del -7%, como es el caso de España, o del -4,3% como es el caso de Francia? La respuesta a estas preguntas es sencilla: porque la economía europea está agotada. Dicho de otro modo, en una economía normal, sana, estas políticas monetarias y fiscales no serían necesarias, porque se le mete una expansión fiscal y monetaria, como la que estamos metiendo, se generarían burbujas y se tendrían problemas de inflación y competitividad. Cuando son necesarias estas medidas tan extraordinarias es porque la economía europea está, sencillamente, exhausta. 

La economía europea está exhausta, o lo que es lo mismo, tiene una tasa de crecimiento natural muy baja porque el viejo modelo de crecimiento europeo de rentas de integración está en cuestión. En las décadas pasadas, el conjunto de las economías europeas ha tenido unas tasas razonables de crecimiento, sin tener el dinamismo de la norteamericana, por efecto de la misma construcción europea. Cada ampliación (hacia el Mediterráneo en los 80, hacia el norte en los 90 y hacia el este en los 2000) suponía un impulso de crecimiento para las economías centrales, por aumento de sus exportaciones, y, para las economías que se integraban, por aumento de su consumo y su inversión. Paralelamente, los procesos de integración de mercados (mercado único, euro, etcétera) supusieron una mejora en algunos mercados y un aumento de la competitividad de las rígidas economías europeas. Finalmente, los fondos europeos fomentaron la expansión de la inversión pública y de los estados del bienestar en los países más pobres. Este modelo de crecimiento tuvo el efecto de hacer crecer a las economías europeas por encima de lo que sus estructuras nacionales les hubieran permitido crecer. 

Pero es un modelo hoy en cuestión porque no es posible ninguna ampliación (Turquía está descartada, Serbia e Islandia son pequeñas y Suiza y Noruega no quieren) y, porque, frente al otro pilar que debería activarse, el de la mayor integración de los mercados, se alzan voces de países antieuropeos (Reino Unido, Hungría) y movimientos antieuropeos en Francia, Grecia, Holanda, etcétera, que lo limitan. 

El problema de la política económica europea necesaria no es, pues, más o menos expansión de la política fiscal, sino más políticas de integración. Es decir, más reformas estructurales que desfragmenten los mercados europeos y faciliten la movilidad de los factores de producción. Sólo así volveremos a tener crecimientos sanos. Lo demás es respiración asistida. 

8 de septiembre de 2014