Abismo fiscal (aplazado)

Estas navidades, las noticias económicas que han acaparado más portadas han sido eso que los periodistas han bautizado con el sonoro y contradictorio nombre de "abismo fiscal" (fiscal cliff), y las negociaciones contrarreloj que culminaron el día de Año Nuevo con un acuerdo que parece, por la sensación de alivio que han producido, un puente sobre el abismo. Un puente que, por desgracia, sólo va durar dos meses, si otras negociaciones no lo remedian. 

Se está llamando "abismo fiscal", usando una imagen que no es intuitiva, aunque sí da sensación de peligro, a la posible situación en que se encontraría el crecimiento de la economía norteamericana si no se hubieran prorrogado, con algunas modificaciones, leyes de rebajas de impuestos y leyes de mantenimiento del gasto público que se habían aprobado como transitorias en años pasados. Y es que el presidente Bush (republicano), con la crisis ya en marcha el año 2008, en su último año de mandato y con elecciones a la vista, logró que el Congreso norteamericano aprobara una reducción de impuestos sobre la renta, que venía a sumarse a reducciones previas, como una medida transitoria para estimular el consumo de las familias norteamericanas y le puso fecha de caducidad el mandato siguiente, o sea, hasta finales del 2012. Por su parte, el presidente Obama (demócrata), que ha tenido que batallar en su primer mandato con la crisis, logró que el Congreso aprobara, también transitoriamente hasta 2012, una expansión del gasto para el salvamento de los bancos y las empresas, al tiempo que ampliaba la cobertura del desempleo, como una medida para estabilizar el crecimiento económico. 

El resultado de los dos paquetes de medidas ha sido que Estados Unidos ha podido capear la crisis con tasas de crecimiento positivas (2,4 en 2010, 1,8 en 2011, 2,1 en 2012) que le han permitido mantener su nivel de desempleo por debajo del 10%. Eso sí, al coste de déficits públicos superiores al 8%, lo que le ha llevado a una deuda pública bruta del 112% (90% en niveles netos) del PIB, la más alta en toda su historia. Una deuda que gravita sobre la economía norteamericana, de una forma diferente de como lo hace la nuestra sobre nosotros, y a la que tienen que hacer frente inmediatamente. Entre otras cosas porque también tienen una ley de limitación de esa deuda y ese límite, según los cálculos de la misma oficina presupuestaria norteamericana (que a diferencia de la nuestra, depende del Congreso y no del Gobierno), se alcanzará en el próximo trimestre. Los acuerdos de fin de año no han resuelto el problema, sólo lo han aplazado un par de meses. 

¿Por qué, si esto se sabía desde hace tiempo, no se ha resuelto el problema antes? La razón ha sido que 2012 ha sido año electoral completo. Eso significa que en las elecciones de noviembre pasado no sólo se renovó la presidencia, con segundo mandato para el presidente Obama, sino que se renovó la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que implica que ninguno de los grandes partidos ha tenido interés este año pasado en llegar a ningún acuerdo, pues ambos son responsables de una parte del déficit público y los dos tienen visiones totalmente antagónicas de la solución. Los republicanos, que controlan la Cámara baja, sostienen que la estrategia adecuada es reducir el gasto público, mientras que para los demócratas, que controlan el Senado y la Presidencia, la solución es una subida de impuestos. 

En las próximas semanas es probable que los legisladores norteamericanos lleguen a un acuerdo para reducir su déficit público, porque las alternativas son o caer en un "abismo fiscal" o entrar en un "tornado de deuda" (una espiral insostenible de deuda pública). Instrumentos para evitar ambas alternativas tienen porque su nivel impositivo es bajo, para parámetros europeos, y gastos públicos para recortar, empezando por defensa, también. Lo que necesitan, ellos también, es voluntad para el acuerdo. 

Resistir

Después de un año de Gobierno Rajoy creo que tenemos elementos de juicio suficientes para hacernos una idea de cuál es su estilo de gobierno, qué objetivos persigue y cuáles son sus principales líneas de actuación. 

Mariano Rajoy es un político cuyo principal objetivo es ganar elecciones, no cambiar la realidad. Quizás por la forma en la que perdió las elecciones de 2004 (cuando las tenía ganadas), quizás porque Pedro Arriola influye mucho en el PP, quizás porque Rajoy es solo un político gris, el caso es que creo que el eje central de la acción política de Rajoy no es tanto resolver problemas cuanto ganar elecciones. De hecho, casi todas las decisiones del gobierno de este año se pueden explicar por ese objetivo y dos circunstancias: las elecciones autonómicas y la urgencia de la situación económica. 

Así, las primeras medidas del Gobierno estuvieron pensadas para, ajustando el déficit, no perder las elecciones andaluzas de marzo (subida del IRPF, congelación del sueldo de los funcionarios, tímida reforma laboral, etcétera); después se hicieron coincidir las elecciones gallegas con las vascas para minimizar el debate sobre el fin del terrorismo; y, finalmente, se ha aplazado un rescate suave (ya negociado) por la sorpresa de Mas de adelantar las elecciones catalanas. En estas citas electorales, cuyo calendario (salvo las gallegas) no controlaba, Rajoy ha tenido la suerte de no tener prácticamente contrincante, pues el PSOE es un partido a la deriva, sin análisis, sin discurso y sin liderazgo. Y, en las catalanas, el resultado ha dado lugar a un caos ingobernable que le da la oportunidad de ser la voz de la sensatez, al tiempo que las necesidades de financiación de la Generalitat le da un baza importante de negociación. Por su parte, las huelgas generales que se le han convocado o las permanentes protestas no han sido elementos que hayan influido en Rajoy, en gran medida porque las tenía descontadas y conoce las dificultades económicas de los sindicatos, su dependencia de los presupuestos y el desprestigio social que van acumulando. La situación económica es la otra preocupación de Rajoy. Creo que Rajoy intuye los problemas económicos y su gravedad, pero no tiene los conocimientos suficientes para comprenderlos y abordarlos con coherencia. En este sentido, su primer error ha sido no haber depositado su confianza en un superministro de economía (como hicieron González con Boyer o Aznar con Rato), sino asumir él esta responsabilidad. Por eso, la política económica que está desarrollando es parcial e incompleta. No comprende la necesidad de una profunda reforma estructural de nuestra economía, ni la situación en el mercado de trabajo, ni la insostenibilidad de las cuentas públicas, ni el exceso de intervencionismo. Rajoy no sabe economía y, por eso, toda su política económica se reduce a un par de indicadores: la prima de riesgo y la necesidad o no de pedir el rescate. Un par de indicadores que ha fiado, más que a sus decisiones, a las decisiones de otros: las elecciones italianas y su desenlace, los problemas de ajuste de Francia y la desaceleración alemana en año de elecciones. 

Estos son, en mi opinión, los dos ejes de la política española de este primer año de Gobierno Rajoy. Rajoy no tiene otro estilo de gobierno que el de la resistencia. No busca tanto cambiar la realidad, cuanto resistir y acomodarse. Por eso, para Rajoy, el año no ha sido tan malo, máxime si se tiene en cuenta que podría haber sido desastroso. 

El problema es que resistir no es irnos bien. Porque la crisis política no se está resolviendo (ni enfocando); la crisis económica no se está abordando correctamente; y, aunque de momento no estalle, la crisis social, una creciente dualidad con 5,8 millones de parados, se está acentuando. Y, en estas crisis, resistir no es suficiente, hay que tener imaginación e iniciativa. Dos cosas de las que carece Rajoy. Por eso, a la ciudadanía, paradójicamente, no nos queda otra que... resistir. 

Sector exterior

Casi a punto de cumplirse un año de Gobierno Rajoy me temo que su política económica tiene un discurso de "contable de manguitos y visera", no el de un gobierno al que se le ha dado una mayoría absoluta para que haga una reforma profunda de nuestra economía. 

Creo honradamente que el Gobierno no tiene un discurso económico claro, más allá del que "no hay dinero", "las deudas se pagan" y "hay que sanear el sistema financiero". Por las decisiones que el Gobierno va tomando, muy tímidas en muchas áreas (aunque con el mismo coste que si las tomaran con profundidad), parece que tiene la firme creencia de que todo se reduce a que la prima de riesgo baje de 300 puntos, de tal forma que no tengan que pedir el rescate, no vaya a ser que tengan que hacer alguna reforma de verdad. Ese estilo de Rajoy de aguantar esconde, en mi opinión, una increíble falta de imaginación y de estrategia, cuando eso, imaginar una economía diferente y saber cómo llegar a ella, es la esencia de la política económica. 

Es cierto que si la economía española quiere salir de la crisis (volver a crecer y crear empleo), tiene que disminuir su nivel de endeudamiento, tanto total como exterior. Pero esta disminución sólo se hará, y se hará tanto más rápidamente, cuanto antes disminuya ese endeudamiento (que ahora sólo se crece por el déficit público) y se inicie una senda de crecimiento económico. Por eso, una reforma en profundidad de nuestra administración pública (con reducción del gasto no productivo y reordenación de competencias de las administraciones) y de nuestro sistema impositivo (IRPF, Cotizaciones Sociales) es tan necesaria como urgente. Pero, al mismo tiempo, es necesaria una clara orientación de la política económica hacia el crecimiento. Y crecer, en estas circunstancias de ajuste de las familias y las administraciones, sólo lo podemos hacer si lo hacemos hacia el exterior. Un superávit exterior traería, además de una mejora de la posición financiera externa, un cambio sectorial importante, un mercado de trabajo diferente, una economía nueva. El sector exterior es, pues, clave en la salida de la crisis. 

Pero apostar por el sector exterior es mucho más que hacer discursos huecos sobre la internacionalización empresarial, montar una operación de márketing ("marca España") o fijar un voluntarista crecimiento de las exportaciones. Apostar por el crecimiento exterior empieza por luchar en serio contra la inflación, que está en el 2,9% (mientras la demanda interna está cayendo un -4%) y se traduce en un crecimiento de los precios de las exportaciones del 2,6% (cuando el coste laboral está disminuyendo el -3%). Apostar por el crecimiento exterior supone hacer una política industrial decidida y abierta, y una política energética coherente que suponga menos coste por unidad de PIB, al tiempo que nos hace menos dependientes. Apostar por el sector exterior supone hacer una fuerte inversión en capital humano para hacer más competitiva nuestra fuerza laboral. Apostar por el sector exterior supone una verdadera reforma del mercado laboral para flexibilizarlo y ligar salarios a productividad. Apostar por el sector exterior es defender a las empresas españolas y su seguridad jurídica en todo el mundo. Apostar por el sector exterior es ser conscientes (de una vez por todas) de que toda economía pequeña y sin dotación de recursos naturales (como es España) sólo puede crecer sostenidamente si tiene equilibrada su balanza de bienes y servicios, lo que implica mantener a raya los desequilibrios interiores de inflación, déficit y deudas. 

Apostar por el sector exterior es aceptar de que éste es mucho más que un recurso circunstancial porque no tenemos demanda interna, es pensar en una economía española muy diferente a la que tuvimos: más industrial, internacionalizada, equilibrada y competitiva. 

Pero para hacer esto se necesita una pizca de imaginación y, desde luego, una estrategia. Algo que no tiene una política económica de "contables antiguos", cuyo único objetivo es, sólo, aguantar. 

Ocurrencias

He de confesarlo. Lo que me desespera de estos tiempos que vivimos no es el pensar que el mundo es algo caótico, que solo podemos llegar a entender muy parcialmente, porque esto solo es reconocer la limitación del conocimiento, no su imposibilidad. Ni siquiera me desespera el velo que la urgencia de la crisis está poniendo sobre los profundos problemas que tiene la Humanidad, porque la vida es un tiempo limitado y, para todos, lo que puede ocurrir mañana es más importante que lo que puede ocurrir a largo plazo. No me desespera tampoco, aunque me preocupa mucho, la grave crisis que está viviendo nuestra sociedad, porque sé que tiene solución. Lo que realmente me desespera y enfada es la ración diaria de ocurrencias de nuestros políticos, de distinto signo y calado, que no resuelven los problemas. Y me enfadan, tanto por lo que suponen de incompetencia, como por ser un insulto al sentido común. 

Porque es una triste ocurrencia de profundo calado la propuesta independentista del Sr. Mas. ¿O es que piensa el Sr. Mas que los problemas de crecimiento o deuda de Cataluña se resolverían más eficientemente en un pequeño país independiente fuera de la Unión Europea? ¿O es que hay una relación causa efecto entre independencia y mejora de la sanidad, la educación o las infraestructuras? Me temo que la independencia tiene muy poco que ver con los problemas reales, de hoy y de mañana, de los catalanes y mucho con un oportunismo insultante. 

Como es una ocurrencia la ley de tasas judiciales. Se argumenta que hay que pagar por la justicia porque así se reducirían el número de procesos, al tiempo que se financia más equitativamente el servicio de la justicia al recaer el coste del servicio sobre el que lo usa. Pero se olvida que la justicia es un bien primario del Estado y que la justicia no es un servicio público que solo sirve a aquellos que lo usan, sino un bien social, pues, sea cual sea la naturaleza del pleito, la justicia sirve al conjunto de la sociedad al establecer una interpretación de los principios contenidos en las leyes. Si el problema que se quiere resolver con esta medida es de recaudación, refórmense los impuestos; si el problema que se quiere atajar es el exceso de procesos por denuncias falsas, refórmense las leyes de las infracciones contra la Justicia; si el problema es el atasco de la justicia, modifíquese los procedimientos judiciales; si el problema es de eficiencia de la justicia, reorganícese. Me temo que los problemas de nuestra justicia merecen más reformas que una simple ley de tasas. 

Como merece otra reforma profunda nuestra sanidad, en la que hay ocurrencias como la propuesta de que el copago de los medicamentos se haga en función de la renta. ¿O es que la enfermedad de una persona es más enfermedad porque tenga más o menos renta? ¿Es que acaso el derecho básico a la salud se debe prestar de una forma diferente según la cantidad de renta? ¿No es ya el sistema tributario progresivo? Me temo que para resolver el problema de los crecientes costes de la sanidad pública hay que reformar muchas más cosas y conocer mejor los efectos distributivos del gasto público, porque si no, todo son ocurrencias. 

Como es una otra ocurrencia la del Ministerio de Economía de sugerir ligar el permiso de residencia a la compra de una casa de más de 160.000 euros. Lo que me lleva a preguntarme si no tienen otra cosa en que pensar sus economistas, con 5,8 millones de parados y con los problemas financieros que tenemos, que en esto. 

Y así podríamos seguir hasta el infinito. En medio de la crisis, nuestros políticos, de todas las administraciones y partidos, nos dan todos días, en vez de soluciones, una ración de ocurrencias. Tantas, que hay días que me pregunto ¿en manos de quién estamos? Una pregunta cuya respuesta mejor no escribo. 

Un mercado de trabajo enfermo

Según la última Encuesta de Población Activa, en España había 17,3 millones de personas ocupadas (la misma cifra que en 2004) y 5,8 millones de personas desempleadas, la cifra de paro más alta jamás alcanzada por la economía española. Esto significa que, desde el primer trimestre de 2008, momento de inicio de la crisis, hasta la fecha, se han perdido unos 3 millones de puestos de trabajo, lo que supone una caída del 15,1% del empleo. Mientras, en el mismo periodo, la actividad ha caído "solo" un 6,5%. Este hecho, la sobredestrucción de empleo, refleja, de una manera sintética, que algo funciona muy mal en el mercado de trabajo español para que, en un tiempo en el que se reducen los salarios reales, el paro crezca. Porque si no fuera así, y la caída del empleo hubiera sido aproximadamente igual que la de la actividad, ahora estaríamos hablando de 4 millones de parados, 1,75 millones menos, de una tasa de paro del 17,4%, de 19 millones de puestos de trabajo. Más, aún, si no fuera así, con una caída de salarios reales, la sangría del paro debería haberse frenado en los 3,5 millones de personas. 

Todo ha fallado en nuestro mercado de trabajo. Porque decimos que un mercado de trabajo funciona bien si facilita una ocupación digna, adecuada a la cualificación y experiencia, con un salario coherente con lo anterior para todos aquellos que quieran trabajar. Hay, pues, cuatro medidas cuantificables del funcionamiento de un mercado de trabajo: la tasa de paro; el respeto a los derechos de las personas; la adecuación de los empleos a la dotación de capital humano; y, finalmente, la coherencia y proporcionalidad de las retribuciones entre sí y con la aportación al proceso productivo. Teniendo esto en cuenta, hemos de concluir que el mercado de trabajo español está profundamente enfermo: porque produce paro; porque se están deteriorando las condiciones laborales; porque se está generalizando el subempleo; porque, en algunos sectores, como el sector público, se está perdiendo la coherencia salarial. 

Las causas de estos problemas son muchas y variadas. Tantas, que se puede decir que el mercado de trabajo español casi concentra el conjunto de todas las etiologías laborales posibles. Una pésima regulación laboral de raíces corporativas (falangistas) muy rígida que ahuyenta la contratación indefinida y dualiza el mercado, convierte a los comités de empresa en pseudo-direcciones paralelas y al poder judicial en una variable a tener en cuenta en la gestión de los recursos humanos. Una institucionalización centralizada de las relaciones laborales que ha propiciado a los agentes sociales un papel en la vida política que va más allá de lo genuino de su función, al tiempo que ha provocado un alza de salarios política muy por encima del crecimiento de la productividad. Un débil tejido empresarial con pocas empresas, de escaso tamaño, mal organizadas, con baja productividad y en sectores muy maduros y con exceso de regulación, lo que hace que el empleo español pivote demasiado sobre microempresas tradicionales y sobre el sector público y poco sobre empresas internacionalizadas y en sectores de alto valor añadido. Una oferta de trabajo desequilibrada en su formación media, por una crónica carencia de titulados medios y de formación profesional y una preocupante tasa de personas sin cualificación. Una fiscalidad del trabajo que encarece el trabajo nacional impidiendo su competitividad internacional. Incluso, una ideologización excesiva que, a fuerza de clichés, oscurece el análisis. Y, a todo esto que ya estaba en el mercado de trabajo español de antes de 2008 y nos provocaba los 2 millones de parados que teníamos entonces, hay que añadir las circunstancias que ahora tenemos de caída de la demanda, los problemas de financiación- la crisis. 

El mercado de trabajo español está enfermo, profundamente enfermo. Y porque en esta frase hay 5,78 millones de personas en paro es por lo que deberíamos reformarlo en profundidad. Una reforma profunda que, de no hacerse, convertirá sus enfermedades en crónicas. 

El PSOE necesario

Las pasadas elecciones vascas y gallegas han tenido un resultado que, no por esperado, es menos preocupante para la estabilidad política de España. Un resultado que se puede resumir en tres hechos complementarios: un auge del nacionalismo independentista, el hundimiento del PSOE y, como corolario, la fragmentación del voto de izquierdas. Y, siendo preocupante el primer hecho, más me preocupa el segundo, pues el hundimiento del PSOE radicalizará las posturas de todos. 

España necesita al PSOE de la misma forma que la España de los 80 necesitó a la Alianza Popular de Fraga y la de los noventa al PP de Aznar: para generar alternativa de gobierno; para aglutinar y moderar la voz que llega desde su lado ideológico; para dar continuidad a las grandes políticas de estado; para concitar los pactos de reforma que necesitamos. España, la democracia española, necesita al PSOE. Por eso, no siendo socialista, me atrevo a escribir este artículo. Y, llevado de mi atrevimiento, me arriesgo a aconsejar que si el PSOE quiere volver a ser una opción de gobierno en el medio plazo, necesita una profunda renovación de ideas y de personas. Una renovación que bien podría seguir los cuatro ejes de sus siglas. 

Porque lo primero que necesita el PSOE es volver a ser un partido. O sea, un grupo de personas que, con diversos matices, tenga un relato coherente y homogéneo sobre la realidad, comparta un conjunto de valores y criterios sobre cómo juzgarla, y articule un discurso de propuestas realista de cómo cambiarla. No puede ser que el PSOE tenga análisis divergentes sobre la crisis o la organización territorial, tenga distintos discursos sobre los mismos temas y propuestas contradictorias según los territorios, y se haya reducido a una simple maquinaria electoral, cuando no de poder. 

Lo segundo que, en mi opinión, necesita el PSOE es regenerar sus ideas y renovar su socialismo. Hace años que del estatismo marxista y revolucionario del siglo XIX, los socialistas españoles evolucionaron hacia posiciones en las que aceptaban la economía de mercado, moderada por la actividad del Estado y con mecanismos de redistribución de la renta. Sin embargo, el socialismo español tiene aún un estatismo acentuado, por el que consideran que solo lo público es social, y mantienen una alta propensión a la regulación y a la intervención. Es curioso que, siendo los adalides de la liberación social, no hayan ocupado el espacio social-liberal en economía, ni hayan desarrollado con profundidad propuestas ecológicas. Una mirada a los programas socialdemócratas suecos o alemanes y un estudio de las propuestas demócratas norteamericanas actualizarían un discurso ideológico muy anticuado, dándole un aire del siglo XXI. 

Lo tercero que debería hacer el PSOE si quiere renovarse es recuperar su ética obrerista. Frente a la ética de los derechos sin obligaciones, del todo gratis y sin esfuerzo, el PSOE debería recuperar, en mi opinión, los viejos valores del obrerismo: la austeridad y la sencillez, el esfuerzo y el ahorro, la meritocracia y la exigencia, la solidaridad. Una reflexión sobre los valores que subyacen en sus propuestas de los últimos años le llevaría a ser consciente de cuánto se han alejado de las esencias que le hicieron un partido que, al menos en su pretensión, se veía como una referencia moral. 

Finalmente, el PSOE debería, siempre según mi opinión, recuperar la E de España sin complejos y proyectarla en una E de Europa más amplia. Porque si quiere volver a ser un partido de gobierno no puede tener un ambiguo y superficial discurso de articulación del Estado español, como no puede no tener en cuenta la realidad a la que inexorablemente nos lleva la política europea y liderar la proyección de España en ella. 

No soy, ni he sido, socialista. Pero valoro a un viejo partido de más de 130 años al que todos le debemos tanto. Por eso animo a mis amigos socialistas a que se levanten y se reinventen. Aunque discrepemos. Porque España les necesita. 

Independencia (vista desde Castilla)

Visto desde Córdoba, o desde cualquier otro de los viejos reinos de Castilla, el discurso independentista catalán es relativamente simple. 

Los nacionalistas dicen, en primer lugar, que quieren la independencia porque los demás no los apreciamos. Para demostrarlo suelen aportar que, desde Pi y Margall (1873), no ha habido ningún presidente catalán. Y quizás la causa, más que en la desafección, esté en que casi todos los que nos gobernaron, hijos de la burguesía provinciana, emigraron a Madrid a estudiar y allí empezaron su carrera política, mientras que los catalanes no lo hacían. Quizás porque tenían otros intereses. 

En segundo lugar, los nacionalistas catalanes quieren la independencia porque, según ellos, pagan más impuestos que los demás. Y eso es falso. Porque ni el IVA, ni las Contribuciones Sociales, ni el Impuesto de Sociedades son más altos en Cataluña que en el resto de España. Y, en el IRPF, el tramo estatal es el mismo para todos, y sólo su tramo autonómico es más alto porque así lo ha decidido la Generalitat. Si la familia catalana media paga más impuestos, en términos absolutos, no es por ser catalana, sino porque tiene salarios y rentas más altas. O sea, porque el sistema tributario es progresivo y ellos más ricos. 

En tercer lugar, los nacionalistas catalanes se quieren ir porque dicen que reciben menos gasto público per capita que los demás. Lo que es sólo una media verdad. Los catalanes tienen un nivel de servicios públicos mucho mejor que la media. De hecho, per capita, el gasto en sanidad y educación es de los más altos del país (más de un 10 y un 13% por encima del andaluz) por la sencilla razón de que sus funcionarios están mejor pagados que la media. Si el gasto público total per capita es similar a la media nacional es porque la otra componente del gasto, las transferencias, son mayores a otras regiones, como Andalucía, porque tienen una tasa de paro que es el doble que la catalana. 

El cuarto argumento para la independencia es que lo que aportan (por impuestos) es más de lo que reciben (por gastos). Lo cual es lógico en un estado del bienestar en el que los impuestos son progresivos, por lo que los ricos pagan más en porcentaje, y los gastos públicos son generalizados, con transferencias a los más débiles, por lo que los pobres reciben más. La desproporción se produce, y es tanto mayor, cuanto mejor sea la función distributiva del Estado. El que en Cataluña se recaude más y se gaste menos de lo que se recauda es fruto de un estado del bienestar redistributivo y no de una discriminación por ser Cataluña. 

O sea, que, en esencia, los nacionalistas (de cualquier ideología) quieren la independencia por puro interés económico. Ante esto, que es legítimo, los demás tendríamos que hacer como ellos y defender nuestros intereses, sin sentimentalismos. Y lo que nos interesaría más, conscientes de que perdemos todos mucho, es minimizar las pérdidas, con una Cataluña fuera de la Unión Europea (y del euro). Así, sus productos tendrían que pagar aranceles para entrar en el mercado español y obligaríamos a muchas empresas, nacionales y multinacionales, radicadas hoy en Cataluña, a escoger entre un mercado de 40 millones de consumidores (con salarios más bajos, sin aranceles en Europa y moneda estable) y otro de 7,3 fuera de la Unión y sin moneda propia, pero a la que no pueden renunciar a corto por las deudas en euros. Puestos a perder busquemos una solución que nos perjudique a nosotros menos. Por lo demás, y a título personal, estoy ya tan harto del permanente victimismo de una región rica, que no creo que merezca la pena negociar y, menos, cambiar la Constitución, salvo para posibilitar la independencia. Por eso sugiero que hagan el referéndum y, si ganan los independentistas, se vayan. Seríamos todos mucho más pobres, pero- se habría resuelto el viejo problema catalán.